Luis Abinader ordena detener proyecto minero Romero tras protestas en San Juan
Publicado: 9 de mayo de 2026

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ordenó la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el Proyecto Minero Romero, ubicado en la provincia de San Juan, luego de semanas de presión social, protestas comunitarias y críticas de sectores ambientales.
La decisión fue anunciada oficialmente por el mandatario mediante un mensaje dirigido a la nación, donde aseguró que el gobierno actuó tomando en consideración la preocupación expresada por distintos sectores de la población respecto al impacto ambiental y social que podría generar el proyecto minero.
Abinader afirmó que el Estado debe escuchar las inquietudes ciudadanas y actuar con responsabilidad institucional cuando existe un rechazo masivo hacia iniciativas de esta magnitud. Según explicó, aunque el proyecto se encontraba únicamente en fase de evaluación ambiental, el gobierno decidió paralizar cualquier avance mientras se analiza la situación.
El Proyecto Romero había generado una fuerte división en República Dominicana. Mientras sectores empresariales y parte de la industria minera defendían el potencial económico de la explotación de minerales en San Juan, organizaciones ambientales y comunitarias advertían sobre posibles riesgos para fuentes de agua, agricultura y ecosistemas de la región.
Diversos grupos sociales realizaron manifestaciones durante las últimas semanas exigiendo la cancelación definitiva del proyecto. Ambientalistas argumentan que la provincia de San Juan posee importantes recursos hídricos que podrían verse afectados por operaciones mineras a gran escala.
La decisión presidencial provocó reacciones inmediatas dentro del sector minero nacional. Algunos representantes empresariales expresaron preocupación por el impacto que este tipo de medidas podría generar sobre futuras inversiones extranjeras vinculadas a minería y recursos naturales. Otros sectores, sin embargo, respaldaron la postura del gobierno y consideraron que la estabilidad social y ambiental debe mantenerse como prioridad.
Analistas políticos consideran que la medida también refleja el interés del gobierno en evitar mayores tensiones sociales en medio de un contexto regional donde los conflictos ambientales relacionados con minería han aumentado considerablemente en distintos países de América Latina.
El debate sobre minería y desarrollo económico continúa siendo uno de los temas más sensibles dentro de República Dominicana. Mientras algunos sectores defienden la explotación minera como fuente de empleo e inversión, otros consideran que los riesgos ambientales podrían generar consecuencias irreversibles para comunidades agrícolas y reservas naturales.
Por el momento, el gobierno dominicano no ha informado si el proyecto será cancelado definitivamente o si permanecerá suspendido mientras se realizan nuevas evaluaciones técnicas y ambientales.